El salario prevaleciente es uno de los seis elementos que están siendo atacados por las enmiendas propuestas a la Constitución de Ohio.
El representante estatal John Becker (republicano de Cincinnati) propuso seis enmiendas a la Constitución de Ohio que derogarían el salario prevaleciente, crearían el llamado "derecho al trabajo" tanto en el sector público como en el privado, prohibirían los acuerdos laborales de proyectos, prohibirían a los gobiernos estatales y locales retener las cuotas sindicales y requerirían que los sindicatos del sector público realicen votaciones anuales de recertificación.
Esta no es la primera vez que Becker ataca a los trabajadores sindicalizados de Ohio. En junio de 2016 y febrero de 2017, propuso proyectos de ley para convertir a Ohio en un estado con el llamado "derecho al trabajo". Una vez en comisión, ambas leyes recibieron poco apoyo de demócratas y republicanos. Quizás por eso cree que la mejor oportunidad para aprobar estas medidas es someterlas a votación directa.
Dorsey Hager, secretario ejecutivo del Consejo de Construcción y Edificación de Columbus/Central Ohio, dijo que el C/COBCTC está en contra de las seis propuestas porque las medidas son malas para los miembros afiliados al C/COBCTC, malas para todos los miembros de los sindicatos de la construcción, malas para las familias sindicalistas de Ohio y malas para Ohio.
Hager dijo que estas propuestas en última instancia significarían menos empleos, menores ingresos y crearían condiciones de trabajo inseguras para los trabajadores de la construcción altamente calificados y capacitados del estado, al tiempo que perjudicarían también a los individuos de otros sindicatos.
La derogación del salario prevaleciente resultará en una reducción del salario, debilitará los programas de aprendizaje y podría generar más trabajo para contratistas de otros estados.
Convertir a Ohio en un estado llamado "con derecho al trabajo" obligaría a los miembros de sindicatos que pagan cuotas a subsidiar servicios a no miembros del sindicato y podría costar a los sindicatos miles de dólares en honorarios legales, conducir a salarios más bajos y condiciones de trabajo inseguras.
La eliminación de los PLA abriría la puerta para que contratistas no sindicalizados presenten ofertas de trabajo, lo que resultaría en menos empleos para los miembros del sector de la construcción.
Otros cambios en la enmienda constitucional incluyen prohibir a los gobiernos recaudar cuotas sindicales reteniéndolas de los cheques de pago de los empleados y requerir una votación anual de recertificación sindical por parte de los miembros para otorgarle a su sindicato permiso para negociar su contrato.
En una conferencia de prensa el 23 de enero, Becker dijo que su objetivo es incluir estos temas en la boleta electoral estatal en noviembre de 2020. Para lograr que las medidas se incluyan en la boleta, Becker necesitaría el apoyo de una supermayoría de la Cámara o reunir suficientes firmas válidas de votantes registrados.